Juan Miguel C. García

El panorama empresarial español experimenta en 2025 su mayor transformación en materia de sostenibilidad. La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, conocida por sus siglas en inglés CSRD, ha entrado en vigor con un mensaje claro: la sostenibilidad ya no es opcional, es obligatoria y debe reportarse con el mismo rigor que las cuentas financieras. Para miles de empresas españolas, este año marca un punto de inflexión en el que la sostenibilidad deja de ser un apartado cosmético en las memorias anuales para convertirse en un requisito legal con auditoría externa obligatoria.

La CSRD establece un calendario progresivo de implementación que afecta a diferentes tipos de empresas según su tamaño y naturaleza. Desde el 1 de enero de 2024, las grandes organizaciones de interés público con más de 500 empleados que anteriormente reportaban bajo la normativa NFRD comenzaron a aplicar los nuevos estándares. Sin embargo, la fecha crítica para la mayoría de grandes empresas españolas fue el 1 de enero de 2025, que es cuando deben reportar todas las organizaciones, cotizadas o no, que cumplan al menos dos de estos tres criterios: más de 250 empleados, facturación superior a 40 millones de euros o activos totales superiores a 20 millones de euros.

El calendario contempla también a las empresas más pequeñas. Desde el 1 de enero de 2026 será el turno de las Pymes cotizadas en bolsa, exceptuando microempresas, así como entidades de crédito pequeñas y aseguradoras cautivas. La normativa contempla una flexibilidad importante para este segmento, ya que estas empresas pueden aplazar su cumplimiento hasta 2028 si necesitan más tiempo para desarrollar sus capacidades de reporting.

La nueva directiva europea no se conforma con declaraciones generales de buenas intenciones sino que exige informes exhaustivos. Las empresas deben explicar cómo integran la sostenibilidad en su estrategia corporativa, incluyendo objetivos cuantificables y calendarios específicos. La información debe cubrir aspectos ambientales como emisiones, consumo de recursos y biodiversidad, cuestiones sociales como derechos humanos, condiciones laborales y diversidad, además de temas de gobernanza como ética empresarial, transparencia y lucha contra la corrupción.

Uno de los conceptos más revolucionarios que introduce la CSRD es el de doble materialidad, que obliga a las empresas a analizar tanto cómo los factores ESG afectan a la compañía desde el punto de vista financiero como el impacto que la empresa tiene sobre la sociedad y el medio ambiente. Este enfoque bidireccional representa un cambio de paradigma en la forma en que las organizaciones deben pensar sobre su responsabilidad corporativa.

Los informes deben ser verificados por un auditor independiente, igual que las cuentas financieras, garantizando la fiabilidad de la información presentada. Además, la información debe publicarse en formato digital estandarizado según los estándares ESRS, las siglas en inglés de los Estándares Europeos de Reporting de Sostenibilidad, para facilitar su integración en el Punto de Acceso Único Europeo que permitirá a inversores y reguladores comparar el desempeño de empresas de diferentes países.

España no llega tarde a esta cita con la sostenibilidad. De hecho, el 76% de las empresas españolas ya cuenta con un departamento o responsable específico de sostenibilidad, según datos del Pacto Mundial de la ONU España. Esta profesionalización del área posiciona al país como uno de los más avanzados de Europa en la materia. Además, el 86% de los ejecutivos del IBEX 35 tienen su remuneración vinculada al desempeño en sostenibilidad, una práctica que la CSRD podría extender a muchas más organizaciones en los próximos años.

La inversión sostenible en España alcanzó los 236.894 millones de euros en 2023, representando prácticamente la mitad del patrimonio gestionado en el país. La entrada en vigor de la CSRD acelerará esta tendencia al proporcionar información comparable y verificable que los inversores institucionales y los mercados financieros demandan cada vez con mayor insistencia.

Aunque pueda parecer una carga burocrática adicional, la CSRD representa en realidad una oportunidad estratégica para las empresas españolas. Los inversores institucionales priorizan cada vez más empresas con reporting ESG robusto, lo que facilita el acceso a los crecientes fondos de inversión sostenible. Las empresas transparentes y comprometidas con la sostenibilidad también consiguen atraer mejor talento, fidelizar clientes y obtener mejores condiciones en licitaciones públicas, que cada vez más incluyen criterios de sostenibilidad entre sus requisitos.

Identificar y gestionar proactivamente los riesgos ESG también previene crisis reputacionales, regulatorias y operativas que pueden tener un coste muy elevado para las organizaciones. Además, el proceso de recopilación y análisis de datos ESG suele revelar ineficiencias operativas y áreas de mejora que generan ahorros significativos a medio y largo plazo.

Para las empresas que deben reportar en 2025 o 2026, la preparación debe comenzar cuanto antes si no lo ha hecho ya. El primer paso consiste en realizar una evaluación del gap, es decir, comparar la información que actualmente se recopila con los requisitos específicos de los estándares ESRS. A continuación, es fundamental invertir en la formación de equipos internos en materia ESG y considerar la contratación de perfiles especializados como controllers ESG, una figura cada vez más demandada en el mercado laboral español.

La implementación de sistemas tecnológicos adecuados para recopilar, verificar y gestionar datos de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor es otro paso crítico que muchas empresas están abordando ya. También resulta obligatorio realizar el ejercicio de análisis de doble materialidad para identificar qué temas ESG son realmente relevantes para la empresa y sus grupos de interés. Por último, las organizaciones deben seleccionar un verificador externo con experiencia en auditoría de sostenibilidad que pueda certificar la información antes de su publicación.

Cumplir con la CSRD no solo evitará sanciones y problemas regulatorios, sino que podría contribuir a fortalecer la competitividad y la reputación de las compañías en un entorno empresarial global cada vez más exigente. La transparencia ha dejado de ser una opción para convertirse en la norma que define a las empresas verdaderamente preparadas para el futuro.