Juan Miguel C. García

La brecha entre Europa y Estados Unidos en materia de sostenibilidad corporativa ha alcanzado proporciones que los analistas ya califican de extremas. Mientras las propuestas de sostenibilidad presentadas en juntas de accionistas europeas obtienen un respaldo medio del 48%, sus equivalentes en el mercado estadounidense han colapsado hasta el 2%, una divergencia que refleja el impacto directo de los cambios políticos y regulatorios producidos al otro lado del Atlántico.

Los datos son especialmente contundentes cuando se analizan las grandes compañías cotizadas. Las empresas del S&P 500 recibieron durante la primera mitad de 2025 un 29% menos de propuestas relacionadas con sostenibilidad respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una reducción que apunta tanto al repliegue de los grandes inversores institucionales como a la retirada estratégica de numerosas gestoras que habían liderado la agenda ESG en años precedentes.

Este retroceso contrasta de forma radical con la dinámica europea, donde el marco normativo impulsado por la Unión Europea continúa reforzando las obligaciones de reporte y diligencia debida en materia ambiental, social y de gobernanza. La entrada en vigor progresiva de directivas como la CSRD ha situado a las empresas europeas ante exigencias de transparencia sin precedentes, lo que ha trasladado la presión hacia los consejos de administración y ha mantenido elevado el interés de los accionistas institucionales por estas materias.

La paradoja del escenario norteamericano es que el repliegue federal no ha impedido avances legislativos relevantes a nivel estatal. El Senado de Nueva York aprobó el pasado 10 de febrero de 2026 un proyecto de ley de seguimiento y divulgación de emisiones corporativas que, de prosperar en su tramitación, convertiría al estado en el segundo del país tras California en exigir este tipo de reporte obligatorio. Este movimiento subraya la fragmentación regulatoria que caracteriza al modelo estadounidense y anticipa posibles tensiones entre la administración federal y los estados más activos en política climática.

Para las empresas multinacionales con presencia en ambos mercados, la divergencia creciente entre los dos marcos normativos plantea un desafío de gestión de doble velocidad: cumplir con estándares de máxima exigencia en Europa mientras gestionan un entorno de creciente escepticismo institucional en Estados Unidos. Quienes opten por mantener una estrategia ESG coherente a escala global deberán asumir que el coste de la coherencia es hoy considerablemente más alto que hace apenas dos años.

La evolución de este escenario durante 2026 será determinante para comprobar si la tendencia americana se consolida o si la presión de estados como Nueva York y California logra mantener vivo el debate sobre la responsabilidad corporativa en el mayor mercado de capitales del mundo.