La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) es la empresa encargada de llevar a cabo la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, mediante la promoción y gestión de viviendas y la suscripción de acuerdos. Creada hace 30 años, “nuestro objetivo es el de estar al servicio del ciudadano”, explica Juan José de Gracia, coordinador general de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y consejero delegado de la EMVS. “Nuestro empeño es el de facilitar el acceso a la vivienda de las rentas más bajas y cumplir otras directrices de la política de vivienda dentro del municipio de Madrid”, aclara.
¿Qué es la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y cuáles son las tareas que tiene encomendadas este órgano de la Administración?
A grandes rasgos, ¿podría explicarnos cómo funciona?
La política de vivienda es universal y está dirigida a todos los ciudadanos. Es sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el financiero. Y es equitativa, de tal forma que el Ayuntamiento es responsable, junto con los ciudadanos y la iniciativa privada que algunos de ellos desarrollan, en realizar las aportaciones que a cada uno le corresponden. Esa es nuestra filosofía y es como tratamos de enfocar todas nuestras actuaciones en este ámbito.
¿Cuáles son las principales cifras de la EMVS?
La EMVS gestiona un presupuesto de aproximadamente unos 400 millones de euros anuales, de los que más o menos la mitad van destinados a crear y poner en marcha nuevas promociones de viviendas; otro 20-25% a rehabilitación; un 10-15% a poblados chabolistas y el resto a pagar a nuestro personal y hacer frente a los gastos corrientes de la estructura.
¿Y cuáles son sus principales objetivos o grandes líneas de actuación en estos momentos?
Por un lado, facilitar el acceso a la vivienda fomentando especialmente el alquiler; mejorar la habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad del patrimonio edificado; reducir progresivamente la infravivienda vertical y erradicar el chabolismo en Madrid; impulsar los nuevos desarrollos urbanos como oportunidad para generar vivienda de protección pública; y, finalmente, adaptar la vivienda a las nuevas demandas sociales, favoreciendo la innovación y la calidad residencial.