Juan Comas
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) fue fundado el 9 de mayo de 1979 por un grupo de destacados empresarios españoles para promover, realizar y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y sociales, mostrando especial atención a las que afectan a España, con objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos. Iñigo Fernández de Mesa es su actual presidente.
¿Cuáles son las previsiones macroeconómicas para este año en España? ¿Cuáles diría usted que son los principales riesgos a los que nos enfrentamos?
Nuestras previsiones para el año son que la economía española crecerá un 1,2%, enmarcado en un escenario de elevada incertidumbre, con altas tasas de inflación, tensionamiento de la política monetaria y señales de desaceleración económica a nivel mundial.
Respecto al mercado de trabajo está mostrando una resistencia a la moderación de la actividad y la elevada incertidumbre, indicativo del esfuerzo que están llevando a cabo las empresas españolas para mantener el empleo. Para 2023, se espera una moderación en la creación de empleo, aunque la tasa de paro no repuntará de manera intensa. El IEE prevé que los ocupados, en términos de Contabilidad Nacional, crezcan, en el conjunto de 2023, un 0,3%. Por otro lado, la tasa de paro seguirá aumentando hasta el 13,5% este año, ante la menor creación de puestos de trabajo prevista.
Más allá de las políticas monetarias y de su impacto, países como España deberían de hacer reformas estructurales. ¿Cuáles serían las más importantes? ¿Está el Gobierno trabajando en ellas?
Desde el IEE estamos pidiendo reformas estructurales necesarias para ayudar a elevar nuestro crecimiento potencial, que se deben de afrontar, tanto desde la vertiente macroeconómica, como a nivel de estructura productiva y tejido empresarial. Es necesario emprender y profundizar sobre reformas que reduzcan nuestros principales desequilibrios, como son la elevada tasa de paro, los elevados niveles de déficit y deuda pública y el bajo crecimiento de la productividad. Desde un punto de vista micro, es necesario aumentar el tamaño empresarial, ganar competitividad, mejorar el clima empresarial y afrontar los cambios estructurales que se avecinan, como la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.
¿Es sostenible a largo plazo el nivel de deuda pública de España? ¿Qué factores nos han llevado a que su tasa sobre el PIB no haya hecho más que escalar sin freno en los últimos 15 años?
Nosotros hemos pedido una profunda reforma del gasto público para poder frenar la escalada del déficit y de la deuda pública que nos puede abocar al fracaso, ya que más déficit y deuda, significa más impuestos o inflación en el futuro. En el informe del IEE “Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España” señalamos que, si normalizásemos nuestra eficiencia del gasto con el promedio de la OCDE, podríamos tener un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros, ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos, lo que supondría asegurar una consolidación estructural y permanente de nuestras finanzas públicas.
Unido a esa escalada en términos de deuda sobre el PIB, está la subida de tipos de interés, lo que está provocando que en 2023 España esté gastando más en pagar los intereses de la deuda que en las prestaciones del paro, algo verdaderamente escalofriante, ¿no cree?
La economía española se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido al elevado nivel de endeudamiento del sector público, que, a cierre de 2022, se situará en el entorno del 115,0% del PIB, y a pesar de las perspectivas de reducción de esta ratio en años venideros, el sector público español seguirá siendo uno de los más endeudados de Europa. De hecho, la deuda pública en 2023 generará un gasto en intereses en el entorno de los 31.000 millones de euros, y los riesgos de que esta cuantía sea mayor son claramente al alza. Por ello, la carga financiera sobre el PIB, esto es, la ratio entre el gasto por intereses y el PIB, se está situando alrededor del 2%, casi un punto porcentual por encima del que registra la media de la eurozona y la Unión Europea.
Esta situación de fragilidad se produce no sólo por la magnitud del desequilibrio fiscal, sino por el tensionamiento de la política monetaria, que endurecerá las condiciones de financiación al sector público a esos niveles de deuda. Es cierto que la estrategia de emisión a plazos más largos en el contexto de bajos tipos de interés de los últimos años mitigará el impacto del aumento de los costes de financiación en la carga de intereses, pero no se ha de obviar que este desequilibrio es muy preocupante y debería haber sido motivo suficiente para presentar unas cuentas públicas donde se manifestara un claro compromiso por la consolidación fiscal, dada las implicaciones que puede tener sobre el crecimiento de la economía española en los próximos años.
