Juan E. Iranzo
Director de ArmadatA
El respeto de la propiedad privada es uno de los valores esenciales para el adecuado funcionamiento de una sociedad moderna y democrática. Se trata de un derecho fundamental que permite incentivar la actividad para conseguir este objetivo.
Todas las constituciones de los países democráticos garantizan este derecho. Hay que asegurar, además, la posibilidad de donarla o dejarla en herencia. Para ello es necesario derogar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones; que se queda con parte del trabajo y ahorro de toda una vida de esfuerzo, trabajo y ahorro que ya tributaron en el origen.
Para el progreso de la Sociedad y la mejoría del nivel de vida resulta fundamental disponer de empresas privadas eficientes, que sean competitivas, que produzcan de forma eficiente bienes y servicios, que creen empleo y que paguen sus impuestos.
Cuestionar la propiedad privada de las empresas significa una limitación muy importante para el desarrollo de un país, para impulsar la inversión nacional y extranjera y el empleo. La anunciada posible nacionalización de algunas constituye un grave error de política económica, salvo excepciones muy concretas.
Todos los análisis teóricos y la realidad empírica demuestran la mayor eficiencia de las empresas privadas en comparación con las públicas. En un sistema en competencia no tiene lógica la existencia de empresas públicas, cuando el mercado garantiza la producción eficiente de bienes y servicios, incluidos los servicios públicos. Lo que sería lógico, máxime con el fuerte endeudamiento que sufre el sector público, es que se volviesen a impulsar procesos de privatización; que no se están llevando a cabo por razones puramente ideológicas.
En servicios esenciales como la sanidad, resulta fundamental una creciente colaboración público/privada. La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud sólo es viable con la optimización de todos los recursos, tanto públicos como privados; por lo que hay que garantizar la regulación adecuada, que favorezca las inversiones privadas en el sector, e impulsar el gran papel de la farmacia comunitaria en el mismo. Sin embargo, durante el Estado de Alerta, “el mando único” controló muchas instituciones sanitarias privadas, limitó su actuación y no lo utilizó adecuadamente ante la crisis de la COVID-19, también por razones ideológicas.
En el caso de España una gran parte del ahorro de muchos ciudadanos está materializado en forma de propiedades inmobiliarias. Más del 80% de las familias de nuestro país residen en su propia vivienda. Muchas familias hacen esfuerzos para conseguir una segunda residencia, normalmente localizadas en el campo o en la playa.
