Jesús Banegas, presidente Foro de la Sociedad Civil

En los últimos tiempos, felizmente, se ha puesto de relativa moda hablar y escribir de sociedad civil, pero sin precisar casi nunca -como exigía Witgtenstein- el concepto y menos aún definirlo ni delimitarlo. Se pudo comenzar a hablar de sociedad civil a partir de la emancipación ciudadana contemporánea de las primeras formas de democracia parlamentaria, como ponen de manifiesto los escritos de Adam Ferguson: Ensayo sobre la historia de la sociedad civil (1767) y Alexis de Tocqueville: La democracia en América (1835-1840).

Para  Hernst Gellner, en su ensayo Condition Of Liberty (1994), la sociedad civil “al generar pluralismo ideológico e institucional, previene el establecimiento de monopolios de poder y de verdad y contrabalancea las instituciones centrales de naturaleza política”. John Locke, el primer gran filósofo político moderno, sostenía que “los hombres poseen derechos que son anteriores a los gobiernos, siendo estos instaurados para proteger aquellos”. La Revolución Francesa por su parte -que todavía sigue inspirando a la izquierda española- suprimió todas las formaciones y asociaciones intermedias; es decir la sociedad civil.

David Hume, en su Tratado de la naturaleza humana, refiriéndose a la ley natural dejó escritos los tres principios fundamentales -antes de que existiera Gobierno- de la vida en sociedad: la estabilidad de la propiedad, el intercambio por consenso y el cumplimiento de las promesas. El progreso económico y social de las naciones ha estado y seguirá estando sustentado en dichos principios fundacionales de la sociedad civil, mientras que su desuso o abandono explican el fracaso de muchos países; entre ellos la España de Sánchez, que los desprecia habitualmente.

La expansión regulatoria y económica del Estado arrinconan la sociedad civil: con mayor gasto público convertido en déficit fiscal y mayor deuda pública, duplicación innecesaria de funciones de las administraciones públicas, subvenciones indiscriminadas a organizaciones políticamente alineadas con el gobierno de turno, etc.

Desde cualquier óptica ética, tanto en la educación de los niños como en el ejercicio de cualquier tipo de responsabilidad personal, predicar con el ejemplo siempre ha sido una obligada a referencia moral, que sin embargo no opera en la política. Para el filósofo Michael Huemer, en su ensayo de The Problem Of Polítical Authority (2013): “El Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando los mismos estándares que se aplican a los juicios de conducta privadas”. Sin embargo, una avalancha legislativa de crecientes obligaciones legales a los administradores de las empresas, no son de aplicación a los administradores públicos. La asimetría entre responsabilidades privadas y públicas, siendo muy grande no deja de crecer lo que cuestiona la legitimidad del poder político.

Según el ranking de la OCDE, España es el segundo país empezando por la cola que ocupa Turquía, en el que cuando cambia el gobierno más cargos  públicos, altos y medios, resultan sustituidos por el partido ganador. Mientras que en España alcanza el 95%, en Canadá, Holanda, Japón y Noruega sólo cambian menos del 5%.

Juan Miguel de la Cuétara, en su libro Límites del Estado (2019), señaló que existen en España cerca de 20.000 organismos públicos dedicados mayormente a “apesebrar a la población en presencia de una declinante sociedad civil”.

Integrada la sociedad civil por las asociaciones libres y voluntarias que puedan constituirse para los más diversos fines, en el amplio espacio existente entre la familia y el Estado, no todas merecen respeto y consideración. Deben ser respetadas aquellas que: son voluntarias,  tanto para formar parte de ellas como para dejar de ser miembros; carecen de ánimo de lucro; son socialmente representativas, no un mero club de unos pocos y circunstanciales amigos; se autofinancian con aportaciones económicas y materiales libres y voluntarias de sus asociados, sin compromiso de pertenencia; se organizan con criterios democráticos basados en el respeto y  sometimiento a las leyes; persiguen fines explícitos, con  misión, visión y valores de público conocimiento; actúan con total transparencia hacia la sociedad.

No siendo España un ejemplo de proliferación y vitalidad de organizaciones de la sociedad civil, disfrutamos de experiencias admirables, entre las que cabe señalar: el Tribunal de las aguas de Valencia, emanado de la sociedad civil huertana y cuya legitimidad histórica y ejercicio de sus funciones le han conducido a ser -muy posiblemente- el más antiguo, y, sobre todo, el único tribunal del mundo que nunca ha necesitado policías para hacer cumplir sus sentencias; la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, un templo que gracias a un genial arquitecto -Gaudí- y la financiación de los católicos comenzó a erigirse en 1882 y todavía no está terminado; las antiguas Cajas de Ahorro, que tras siglos de existencia desde su fundación y antes de ser acaparadas por la política, de las 60 cajas fundadas sólo 10 perecieron, lo que demuestra una insólita y admirable capacidad de supervivencia, muy superior a la de los bancos privados. Una ley socialista de 1985 las dejó en manos de los políticos y sus allegados, que las llevaron al colapso; el Real Madrid es otra extraordinaria experiencia de éxito de la sociedad civil española: un club de fútbol convertido en la primera entidad deportiva del mundo.

Frente a las descritas muestras de la sociedad civil, el socialismo -de todos los partidos- ha venido desarrollando -con triste éxito- su alternativa paradigmática:  una sociedad servil a los gobernantes de turno, orientada y financiada por ellos.