Antonia Chinchilla, abogada
En el competitivo mundo empresarial actual, la capacidad de renovarse y adaptarse no es sólo un factor de éxito, sino también una necesidad para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Sin embargo, esta renovación debe ir acompañada de un compromiso firme con el cumplimiento legal y la prevención de riesgos penales, factores que pueden comprometer tanto la reputación como la continuidad de una empresa. En este sentido, lo que yo llamo sostenibilidad penal se posiciona como un pilar clave para el crecimiento ético y responsable de las organizaciones.
Las empresas están expuestas a una amplia gama de riesgos penales, y su gestión adecuada es muy importante para evitar graves sanciones y garantizar la confianza de todos aquellos que están vinculados con la misma. Entre los delitos penales más comunes que afectan a las organizaciones se encuentran los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El fraude fiscal y la evasión de impuestos, pueden generar sanciones económicas cuantiosas y dañar seriamente a la empresa y a su imagen. Los delitos contra los derechos de los trabajadores, como el incumplimiento de normativas laborales, también son frecuentes y conllevan graves implicaciones legales. La corrupción y el soborno representan riesgos elevados, exponiendo a las empresas a investigaciones penales complejas y daños irreparables a su reputación.
Otros delitos a tener en cuenta son los de ámbito medioambiental, que por el incumplimiento de normativas de protección también tienen un impacto significativo, particularmente en un momento donde la sostenibilidad medioambiental, es una prioridad global. No menos importante es el blanqueo de capitales, que no sólo afecta a la empresa implicada, sino que deja una negativa huella en la mercantil. Teniendo en cuenta el crecimiento sin límites digital, los delitos informáticos, protección de datos personales o los ciberataques, son el pan nuestro de cada día.
El Código Penal español, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de los delitos cometidos en su seno, incluso si no son los autores directos. Las consecuencias de esta responsabilidad pueden incluir sanciones económicas, prohibiciones de operar, intervención judicial y, en casos extremos, la disolución de la entidad. Estas medidas no sólo afectan a la viabilidad económica de la empresa, sino también a su sostenibilidad penal, es decir, la capacidad de operar de manera ética y responsable.
"El Código Penal español, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de los delitos cometidos en su seno, incluso si no son los autores directos"
Es clave para garantizar la sostenibilidad penal, la implantación de un canal de denuncias efectivo. Este sistema permite a empleados, clientes y proveedores reportar irregularidades de manera confidencial y segura, lo que facilita la detección temprana de posibles delitos. Además, fomenta una cultura de transparencia y ética dentro de la organización. Contar con un canal de denuncias no sólo ayuda a prevenir riesgos penales, sino que también refuerza la confianza de los stakeholders y mejora la reputación corporativa.
En este contexto, externalizar la gestión del canal de denuncias es una estrategia altamente recomendada. Los profesionales externos especializadas, como es mi caso y el del equipo que dirijo, y en particular por ser especialistas en estos temas, velamos por asegurar la neutralidad e imparcialidad en el tratamiento de las denuncias, lo que aumenta la eficacia del sistema y protege la integridad del proceso. Además, garantizamos el cumplimiento de las normativas vigentes y ofrecemos tecnología avanzada para gestionar las denuncias de manera eficiente. Este enfoque permite a las empresas optimizar sus recursos internos y enfocarse en sus actividades principales mientras delegan una función crítica en nuestras manos expertas ahorrando cada año y aumentando las finanzas.
"La sostenibilidad penal también implica un compromiso proactivo con la formación y concienciación de empleados y directivos sobre la importancia del cumplimiento normativo"
La sostenibilidad penal también implica un compromiso proactivo con la formación y concienciación de empleados y directivos sobre la importancia del cumplimiento normativo. Crear programas, impartir formación, como los cursos y conferencias del programa Con-sentimiento, de capacitación en ética y prevención de delitos no sólo reduce los riesgos legales, sino que también fortalece la cultura corporativa y mejora el desempeño global de la organización. Llegando a crear relaciones saludables, fomentar el bienestar de directivos y empleados, por lo que ayuda a erradicar el estrés y evitar las temidas bajas laborales por salud mental. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han duplicado las bajas relacionadas con trastornos mentales en los últimos siete años. En 2023, se registraron 597.686 incapacidades temporales por esta causa, un 8,2% del total. Estas bajas laborales suponen un gasto aproximado de 14 millones de euros anuales para la Seguridad Social. Sólo en 2023, se perdieron más de 396 millones de jornadas laborales, lo que equivale a que unos 1,1 millones de empleados no acudieron ni un solo día al trabajo durante el año. Ahí queda eso.
La renovación empresarial debe tener una estrategia clara de sostenibilidad penal. Adoptar medidas preventivas, el establecimiento de un canal de denuncias y la formación de los empleados, no sólo protege a las empresas de posibles sanciones, sino que también fortalece su posición en el mercado. En un entorno donde la ética y la transparencia son cada vez más valoradas, las organizaciones que invierten en sostenibilidad penal tienen una ventaja competitiva significativa.
Por todo ello, garantizar esa sostenibilidad no es sólo una obligación legal, sino una oportunidad para diferenciarse en el mercado ofreciendo una reputación sólida y de confianza. Las empresas que integran estas prácticas en su estrategia corporativa están mejor preparadas para afrontar los desafíos del futuro y asegurar un crecimiento sostenible y responsable. Así se llega al éxito.