Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE y presidente de la Comisión de Fiscal de CEOE
Durante 2024 la recaudación tributaria en España ha vuelto a marcar un récord histórico, rozando los 295.000 millones de euros, superando las cifras de 2019, anteriores a la pandemia, en 95 mil millones de euros, lo que representa un 47% de incremento, mientras que en el mismo periodo el PIB se ha incrementado en un 27%. Esta tendencia al aumento de recaudación por encima del crecimiento del PIB se mantiene en 2025, puesto que, los informes mensuales de recaudación que elabora la AEAT indican un aumento de la recaudación del 10% respecto al año pasado.
En cuanto a la presión fiscal empresarial, entendida como la suma del Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, está, según Eurostat, con los últimos datos disponibles de 2022, en un nivel superior al de la media de la Unión Europea.
En concreto, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso, en España, un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social un 9,5% del PIB, que combinadas suponen un 12,2% del PIB. Por su parte, la media de la UE es de un 3,3% en el Impuesto sobre Sociedades y un 7,1% en Cotizaciones Sociales a cargo de las empresas, es decir, una suma de un 10,4%. España está 1,8 puntos por encima de la media europea.
Si hacemos el análisis sobre el porcentaje que aportan las empresas al total de la recaudación, siempre según Eurostat y con datos de 2022, las empresas aportan, en España, un 32,4% frente a un 25,8% de media en la UE. Los datos demuestran que nuestro sistema tributario, al contrario del de nuestros socios europeos, se basa en una fiscalidad empresarial desmesurada y, además, el diferencial aumenta cada año.
Este exceso de fiscalidad sobre empresas y empresarios queda reflejado año a año en los datos del informe de competitividad fiscal elaborado por la Tax Foundation de Estados Unidos, que pone en perspectiva los planes fiscales de los países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios y que anualmente presenta en España el Instituto de Estudios Económicos.
Así, en el ICF, España se sitúa, en el año 2024, en la posición 33 del total de los 38 países analizados, dos puestos por debajo que el año anterior, pero 10 puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019. Esto muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios.
Estos datos, aun siendo relevantes y demostrando la ineficiencia de nuestro sistema tributario y que la presión fiscal sobre empresas y empresarios es excesiva en nuestro país, no supone una imagen total, sin embargo, de la realidad de la tributación empresarial. En este sentido, por parte de la OCDE, se está empezando a usar el indicador de Contribución Tributaria Total de las empresas. Este indicador supera los estudios que se centran en la imposición sobre el beneficio empresarial y realiza un análisis de los datos referentes a los impuestos soportados y recaudados por las empresas. Mide el impacto total de la actividad económica empresarial de forma que distingue entre los impuestos que suponen un coste para las empresas y los impuestos que estas recaudan como consecuencia de la actividad económica generada que, sin suponer un coste directo para las empresas, sí que implican significativos gastos de gestión, como son las retenciones practicadas a los trabajadores como consecuencia de las rentas del trabajo, el IVA y los demás impuestos sobre productos y servicios recaudados.
Según las conclusiones preliminares de un informe sobre Contribución Tributaria Total realizado también por la Tax Foundation, y que se ha presentado en el mes de junio por el Instituto de Estudios Económicos, España tiene una posición particularmente mala en relación con los países de nuestro entorno, situándose muy por encima de la contribución total media.
Lo que demuestran estos datos es que España es una excepción entre las economías más desarrolladas de la OCDE y de la eurozona, puesto que insiste en seguir aumentando la recaudación enfocando dicho aumento en la fiscalidad empresarial lo que supone insistir en un error cuyas consecuencias pagamos con una menor inversión y creación de empleo.
La lógica económica nos indica que cualquier incremento de la recaudación debería conseguirse mediante el aumento de las bases imponibles, buscando fórmulas que favorezcan la inversión y la creación de empleo, para lo que es necesario que cualquier reforma sea meditada, evaluados sus efectos económicos, y se realice con vocación de estabilidad, ya que, de lo contrario, produce efectos no deseables sobre la actividad económica y provoca un reparto de la carga fiscal que no es neutral ni respeta los principios de equidad y eficiencia que deben inspirar un sistema tributario.
