Joan Alegre
Paco Medina, abogado y empresario se ha convertido en el primer empresario español que, al amparo de la nueva Ley 2/2023 de protección de los denunciantes de corrupción, ha revelado públicamente y denunciado judicialmente ante el Tribunal Supremo las arbitrariedades y abusos de poder cometidos en su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona por el actualmente secretario de la mesa del congreso, Gerardo Pisarello, el diputado Eloi Badia y el dirigente político Jaume Asens.
Usted promovió y localizó en el infrautilizado Anillo Olímpico de Barcelona el primer parque temático del mundo dedicado al deporte y la tecnología. ¿Qué sucedió para que una iniciativa empresarial tan potente y única se viese obligada a cerrar un año después de su apertura?
Efectivamente, en 2014 un grupo de pequeños empresarios invertimos todos nuestros esfuerzos y ahorros en la conceptualización, localización y desarrollo en el Anillo Olímpico Barcelona del parque temático del deporte OPEN CAMP a partir de la producción y comercialización de una original e inédita oferta de entretenimiento basada en experiencias y atracciones, deportivas y tecnológicas, dirigidas a residentes y turistas. Atendiendo a esta innovadora iniciativa, el Ayuntamiento de Barcelona presidido por Xavier Trías formalizó el contrato de alquiler necesario para la cesión del uso y gestión del Estadio Olímpico, por un periodo de 230 días al año durante 5 años, con el objetivo compartido de reposicionar, valorizar y ofertar, de manera integrada, las emblemáticas instalaciones olímpicas convertidas en el primer parque temático del mundo dedicado al entretenimiento deportivo. A partir de la concertación comercial formalizada, -basada en aprovechar la enorme afluencia de visitantes y turistas que accedían de manera gratuita hasta el momento al Estadio Olímpico-, la empresa municipal BSM y la promotora OPEN CAMP se obligaron a promover conjuntamente un desarrollo comercial compartido a partir de poder cobrar la pertinente entrada para acceder y disfrutar de las modernizadas instalaciones olímpicas gracias a la millonaria inversión privada realizada por la empresa OPEN CAMP.
Hasta aquí todo correcto y muy prometedor ¿Que sucedió entonces?
Como consecuencia del resultado de las elecciones municipales de 2015, el Ayuntamiento de Barcelona cambió radicalmente de rumbo político pasando a estar dirigido por un nuevo gobierno encabezado por Ada Colau que tenía como objetivo manifiesto, especificado en su programa electoral, la paralización y detención de una explícita lista de proyectos turísticos y comerciales promovidos de forma legítima por la iniciativa empresarial entre los que se señalaba, inquisitoriamente, “el parque temático OPEN CAMP del Anillo Olímpico”. A partir del señalamiento destructivo, -preludio del hostigamiento y la persecución a la que fuimos sometidos durante más de tres años hasta nuestra total aniquilación-, las nuevas autoridades municipales tramaron y ejecutaron un deliberado plan delictivo dirigido a impedir y “detener la actividad comercial” del parque temático y, como consecuencia directa, acabar con la empresa OPEN CAMP creada para desarrollar en Barcelona el primer parque temático del mundo dedicado al deporte, así como su posterior desarrollo internacional. Como consecuencia del señalamiento político precedente, los tenientes de alcalde, Gerardo Pisarello y Jaume Asens, así como el concejal de la Presidencia, Eloi Badía promovieron y ordenaron la comisión de una batería premeditada de actos ilícitos, intimidatorios y fraudulentos dirigidos a alterar y subvertir el funcionamiento y la viabilidad comercial de parque temático con la intención turismofóbica de acabar con la sentenciada oferta turística, eludiendo la consecuente indemnización económica derivada de los graves daños y perjuicios que sabían iban a causar a las decenas de empresas promotoras y proveedoras, así como a los centenares de trabajadores que habían sido contratados.
Sin duda que un señalamiento político tan destructivo y directo debió ocasionar a la empresa OPEN CAMP una insoportable inseguridad jurídica, pero además, ¿en qué consistieron las actos intimidatorios y las arbitrariedades que usted ha denunciado ante el Tribunal Supremo?
Abusando de su condición de autoridades públicas, los políticos contra los que nos hemos querellado nos compelieron para que una y otra vez, en el proceso de producción y comercialización del todavía no inaugurado parque temático, implantásemos una serie de exigencias funcionales y comerciales sobrevenidas so pena de denegarnos las necesarias autorizaciones y permisos municipales, además de omitir deliberadamente la imprescindible colaboración institucional concertada entre ambas partes para poder iniciar la actividad de OPEN CAMP. Aprovechándose de nuestra subordinada y precaria situación, las autoridades municipales, sin base legal ni contractual alguna, nos impusieron unilateralmente numerosos gravámenes sobrevenidos destacando, entre otras muchos, la exigencia de desmercantilizar y “democratizar” el innovador parque temático impidiéndonos el desarrollo a nivel publicitario y de sponsoring de las principales zonas del Estadio Olímpico que habían sido cedidos contractualmente para su desarrollo comercial como parque temático. Así mismo, los dirigentes ahora denunciados condicionaban las autorizaciones municipales y permisos necesarios para iniciar la actividad comercial del parque temático a la previa contratación laboral por parte de la empresa OPEN CAMP de determinadas personas afines políticamente al gobierno municipal. De entre los muchos actos abusivos que cometieron se vetó la colaboración de empresas como Microsoft, Randstad o Allianz, e incluso a la propia Fira de Barcelona, participada por el propio Ayuntamiento de Barcelona. A modo de ejemplo, cabe destacar las prohibiciones sobrevenidas y arbitrarias para explotar determinadas ofertas comerciales propias de cualquier parque temático mediante los vetos impuestos para que no se comercializase el parque temático OPEN CAMP en el Festival de la Infancia, ni se hiciera referencia alguna a la Selección Española de Futbol -que había sido ganadora de la Medalla de Oro Olímpica de Fútbol en Barcelona ’92-. Hay que recordar que el gobierno de Ada Colau retiró del Ayuntamiento de Barcelona la escultura de homenaje a Juan Antonio Samaranch, ex presidente del COI y alma mater de los JJ. OO de Barcelona ’92.
De entre tanta arbitrariedad política y persecución premeditada, ¿cuál cree usted que fue la puntilla que acabó con el parque temático del deporte OPEN CAMP?
Entre todos ellos merece la pena destacar, por su efecto demoledor, el dirigido a impedir la disponibilidad pacífica y estable del Estadio Olímpico como consecuencia de imponernos la obligación de permitir la entrada gratuita y la libre circulación por la planta principal del Estadio Olímpico a todos los transeúntes, residentes y turistas que quisiesen disfrutar, sin necesidad de pagar, del Estadio Olímpico. Como consecuencia de todo ello, el modelo de negocio previsto y concertado entre OPEN CAMP y la empresa municipal BSM -basado en la lógica comercial de poder cobrar entrada a todos los visitantes y disponer de los espacios y zonas concertadas-, saltó por los aires. Así mismo, contribuyó al hundimiento definitivo de nuestra iniciativa empresarial la imposición unilateral del cambio de régimen jurídico del contrato mercantil regulador de la cesión del uso comercial del Estadio Olímpico concertado en 2014 entre las empresa municipal BSM y OPEN CAMP para pasar a ser, a partir de la llegada al poder de los nuevos mandatarios municipales en 2016, un contrato administrativo indisponible e innegociable encubridor de la intencionalidad destructiva de los políticos ahora denunciados.
¿Esto los llevó a no poder cumplir con el plan de negocio?
Efectivamente, el Plan de Negocio del parque OPEN CAMP 2015-2024 dimensionó en 2014 el volumen de ingresos comerciales por la venta de entradas para poder acceder al parque temático estimando en 23.402.000 para su primer año de funcionamiento, pero debido a los cambios arbitrarios en las condiciones contractuales dicho plan no se pudo cumplir. Como consecuencia de los sistemáticos ataques a la viabilidad comercial de OPEN CAMP, el volumen de ingresos comerciales por la venta de entradas fue de tan sólo 784.692 en su primer y único año de funcionamiento viciado (2016-17), representando un 3,3% respecto al volumen de ingresos comerciales esperado tanto por OPEN CAMP y la anterior BSM, como por las prestigiosas empresas públicas estatales, entidades financieras privadas y particulares locales que financiaron e invirtieron cifras millonarias confiando todos en un Plan de Negocio que nunca pudo llevarse a cabo por el desenfreno arbitrario de los querellados.
El cierre tuvo graves consecuencias laborales. ¿No les importó eso a los dirigentes municipales en ningún momento? ¿Se interesaron por la situación de los trabajadores?
En absoluto, jamás preguntaron por ellos. Como consecuencia directa del cierre la totalidad de los 252 trabajadores, con contrato indefinido en la mayoría de los casos, además de los 35 trabajadores indirectos de empresas de servicios proveedoras del parque, perdieron sus puestos de trabajo afectando a centenares de familias
