La sostenibilidad es el nuevo mantra de la movilidad corporativa. ¿Cuáles son las razones del triunfo de esta tendencia?

Uno de los grandes objetivos que perseguimos como sociedad es conseguir que las personas podamos movernos de un modo eficaz y sostenible, que la movilidad no afecte al calentamiento global y que el aire de las ciudades sea limpio. Una razón fundamental para la promulgación de la movilidad sostenible es la concienciación de la sociedad. Se está produciendo un cambio social, de mentalidad y de valores: cada vez somos más conscientes de la aportación de cada uno de nosotros a la huella de carbono.

Otra razón es el mercado: los clientes demandan empresas sostenibles, premian a las que se esfuerzan en ese sentido y eso se traslada al balance de resultados. Además, las políticas de RSC y los criterios ESG forman parte de las decisiones estratégicas de cualquier compañía.

Por último, no hay que olvidar la faceta legislativa, porque estas necesidades medioambientales y concienciación social están provocando la consecución de leyes que acotan y regulan la movilidad.

La próxima década estará marcada por la necesidad de lograr una neutralidad de las emisiones en el transporte. La movilidad como servicio crecerá a un ritmo espectacular, ya que a día de hoy es la realidad de muchas empresas, autónomos y particulares, inmersos en una sociedad, un mercado y una legislación que les invita a transformar su manera de moverse.

Este año va a haber importantes cambios legales que afectan a la movilidad. ¿Cuál es la visión de Arval?

Estamos en un momento clave en todo lo que afecta a la movilidad, inmersos en un proceso que nace en las leyes comunitarias y se va desgranando en normativas a nivel nacional y reglamentos municipales. Por un lado, entran en vigor algunos aspectos de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París y facilitar la descarbonización de la economía española. Uno de sus aspectos más relevantes a corto plazo es que los municipios de más de 50.000 habitantes (hay 149 en España) y los territorios insulares deberán adoptar antes de final de 2023 planes de movilidad urbana sostenible. Estos planes tienen que incorporar medidas que permitan reducir las emisiones este mismo año. Por ejemplo, el establecimiento de zonas de bajas emisiones en todos estos municipios, a las que se limitará el acceso a los coches más contaminantes.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado y remitido a las Cortes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Esta ley en el caso de aprobarse (ahora mismo está paralizada su aprobación por la disolución de las Cortes), incluye una modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer “el deber de negociar” en los convenios colectivos medidas para promover la elaboración de planes de transporte sostenible de los empleados al trabajo. La ley, si no se modifica antes de su aprobación, otorgaría un plazo de año y medio para que las empresas con centros de trabajo con más de 500 trabajadores dispongan obligatoriamente de este tipo de planes, con soluciones de movilidad que contemplen el impulso del transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, la movilidad activa y la movilidad compartida o colaborativa.

Este punto afecta a una gran cantidad de corporaciones en España, y Arval se posiciona como el socio ideal a la hora de asesorar a las empresas en ofrecer planes de movilidad para sus empleados. Somos referentes en movilidad compartida, y nuestra dilatada experiencia a nivel global nos permite proporcionar estrategias y planes de movilidad corporativa ajustados a cada caso.