Felipe Alonso

La Cámara de Comercio de España es una corporación de derecho público que representa, promueve y defiende los intereses generales de las empresas españolas, en especial las pequeñas y medianas empresas, porque tal y como defiende su presidente, José Luis Bonet, “somos un país de pymes”. Empresario, jurista, profesor universitario, Bonet, que ocupa el puesto de presidente de la Cámara de Comercio de España desde noviembre de 2014, es un profundo conocedor de la situación social y empresarial española, y a través de sus conocimientos lidera el desarrollo de los proyectos precisos para que las empresas españolas alcancen una mejor internacionalización y que accedan al desarrollo tecnológico que la competitividad actual reclama. Para llevar a cabo su labor, la Cámara de España coordina las 83 Cámaras de Comercio territoriales existentes en el territorio nacional y cumple, además, la labor de asesorar a la Administración en materia económica y empresarial.

¿Qué actuaciones tiene en marcha la Cámara de Comercio de España?

Las normales del servicio que la ley nos dice. Debemos mejorar la competitividad de las empresas mediante una función consultiva, aconsejando a las administraciones y en particular al gobierno central sobre lo que vemos qué es más importante en el momento actual para nuestras empresas, tanto en política económica, como también en la internacionalización.

Eso se puede considerar como la actividad normal cameral, ¿pero exactamente en este momento?

En este momento hay que hablar particularmente de dos ámbitos. Por una parte, la mejora de la competitividad y, por otro, la defensa institucional. Estamos atendiendo a la digitalización, sobre todo de las pymes que son en su mayor parte empresas familiares, y a su proceso de internacionalización, además de la promoción del arbitraje y a la mediación. Las empresas son la base de la economía de mercado. Aunque la ley no es explícita en señalar la defensa institucional que deben desarrollar las cámaras de comercio, creemos que debemos defender el marco constitucional que es precisamente el que ha hecho a las empresas dar un salto de calidad y de evolución en los últimos cincuenta años. Así como apoyar una colaboración tan necesaria como es la pública–privada, toda vez que no hay consenso político.

¿Sobre todo de las pymes?

Sí. Porque en contra de lo que dicen algunos políticos, España no tiene lucha de clases, hay un capitalismo cuasi familiar. Hay empresas y no digo empresarios, porque también forman parte de las mismas los directivos, los trabajadores… Y las pymes son los empresarios más el grupo que trabaja con ellos.

En los últimos cinco años ha habido una revolución tecnológica empresarial, sobre todo a nivel de digitalización. ¿Cómo ha sido?

Las empresas grandes lo han tenido más fácil por sus medios económicos. Pero para que las pymes pudiesen adaptarse a esa necesidad tecnológica con el programa de los fondos europeos Next Generation, se han destinado 3.000 millones de euros a esa digitalización a través del programa Kit Digital, gestionado por la entidad pública Red.es, pero que cuenta con dos entidades colaboradoras, el Colegio de Notarios que resuelve el tema de poderes y la Cámara de Comercio de España con el sistema de las 83 cámaras territoriales.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Se ha demostrado que el sistema cameral funciona, pues se ha llegado a más de 1,2 millones de pymes. Son empresas que tienen una importancia capital en nuestro país, porque si hacen los deberes pueden dar el salto y pasar de pequeñas a medianas. Es importante acompañarlas porque son empresas familiares en su inmensa mayoría con un excesivo instinto conservador, y prepararlas para el siguiente paso, la internacionalización. Nuestra labor es la que yo llamo de “las tres aes”: asesorar, ayudar y acompañar.

¿Y la respuesta de las pymes?

Pues de los 1,2 millones a las que se ha llegado con el programa, un 30 por ciento no han podido acudir al mismo por no cumplir los requisitos establecidos, y unas 800.000 han alcanzado unos mínimos, como, por ejemplo, tener una página web. Pero resulta que de ellas el 70 por ciento ha seguido avanzando en la digitalización con sus propios recursos, lo que demuestra que les importa la situación, el negocio, y que quieren dar un salto adelante. El problema es que la fiscalidad y la parafiscalidad está acosando a las pequeñas empresas. No son sólo los impuestos, sino también las cotizaciones sociales. Es una de las cuestiones que está perjudicando realmente a la economía española y a la propia sociedad. El exceso fiscal y parafiscal, conduce a que las empresas se retraigan y no hagan los deberes, entre otras cosas, que no emprendan proyectos como la internacionalización o que no inviertan. Esperan y eso no es bueno, pues tiene un coste de oportunidad y afecta la inversión. Y esta es imprescindible para poder innovar y mejorar en la productividad.

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