Uno de los problemas de los economistas actuales es, seguramente, el exceso de especialización. No cabe duda de que la especialización es necesaria. Nadie es hoy capaz de conocer a fondo la totalidad de los problemas relacionados con la economía. Pero la realidad es compleja y muchas cuestiones económicas están interrelacionadas: Por tanto, no se puede entender lo que ocurre en un sector o en una circunstancia concreta si no se tiene una visión global de los temas analizados. Creo que mis diversas actividades me han ayudado a encuadrar cada problema concreto en un marco general.

Una de las tesis de este libro es que la descentralización del gasto público debería ir acompañada de una descentralización de los ingresos, de modo que nos acerquemos a un modelo de federalismo fiscal bien estructurado, lo que hoy no sucede en España. Este modelo debería estar abierto, desde luego, a la competencia fiscal entre las Comunidades Autónomas, competencia que beneficia a los contribuyentes al limitar abusos por parte de algunos gobiernos regionales. Y es importante señalar que el federalismo y la competencia no rompen la unidad de mercado en nuestro país, que es algo, ciertamente, muy importante. Los gobiernos de las Comunidades Autónomas deberían entender que aumentar la presión fiscal no es lo que conviene a las personas y a las empresas, sino que es un freno para su crecimiento económico.

La actual Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 sólo puede definirse como un auténtico desastre, que tiene, por cierto, muchas semejanzas con la legislación de la dictadura del general Franco. No es difícil prever que sus regulaciones van a tener como efecto principal una reducción de la oferta de viviendas en alquiler y, por tanto, van a hacer más difícil el acceso a una vivienda a la gente que más lo necesita. La política sensata consistiría en incrementar la oferta, tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como mediante la puesta en el mercado de numerosas casas que, con la regulación actual, van a quedar, de facto, fuera de él. Y una reforma de la administración de justicia que agilizara los procedimientos judiciales en este sector y garantizara los derechos de propiedad de los arrendadores ayudaría también sin duda.

Se trata de responder a la pregunta que ya se planteaba Adam Smith hace casi dos siglos y medio: determinar cuáles son la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Lo que nos enseña la experiencia es que los principales factores que determinan la prosperidad de un país no son sus recursos naturales, sino su capital humano -las personas que en él residen- y el marco jurídico e institucional en que se llevan a cabo las actividades económicas. Es muy difícil que las cosas vayan bien en un país en el que exista inseguridad jurídica o las normas regulatorias sean un freno a la iniciativa de los agentes económicos.