Fernando J. Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España: En defensa de los gestores administrativos

Fernando J. Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, defiende el papel clave del gestor administrativo como asesor estratégico. "Debemos ser ventanillas únicas eficaces para pymes y autónomos, impulsando la digitalización, reduciendo burocracia y garantizando seguridad jurídica en los trámites".


Arturo Díaz

El Consejo General tiene un papel clave en la representación y defensa de los gestores administrativos, asegurando que su labor sea reconocida y valorada tanto a nivel institucional como por la sociedad. También trabajan para impulsar la modernización de la profesión, la formación continua y la participación en foros legislativos para que su voz sea escuchada en la toma de decisiones que afectan a autónomos, empresas y ciudadanos. Así se expresa su presidente: “Defendemos activamente la eliminación de barreras administrativas y legislativas que dificultan el trabajo de los gestores administrativos y afectan el desarrollo del tejido empresarial. Nuestra labor consiste en mantener un diálogo constante con las administraciones públicas para garantizar que las normativas y procedimientos sean eficientes y no supongan una carga innecesaria para los ciudadanos y las empresas”. “Además, promovemos la innovación en la profesión, apoyando la digitalización de los despachos profesionales y fomentando el uso de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer un servicio más ágil y eficiente. Creemos que el gestor administrativo no sólo es un facilitador de trámites, sino un asesor estratégico para las pymes y autónomos en su desarrollo empresarial”.

¿Cuáles considera usted que son los mayores desafíos que enfrenta la profesión de gestor administrativo en el contexto actual?

La profesión de gestor administrativo se enfrenta a múltiples desafíos en la actualidad. La burocracia sigue siendo un obstáculo para empresas y ciudadanos, lo que refuerza nuestro papel como facilitadores de los trámites administrativos. Además, la digitalización avanza a un ritmo desigual en las administraciones públicas, lo que genera problemas de interoperabilidad y ralentiza procesos. Otro reto importante es la defensa del reconocimiento profesional del gestor administrativo, especialmente en el contexto europeo, para garantizar que nuestro papel sea valorado y homologado en igualdad de condiciones con otras profesiones similares. Otro desafío clave es la competencia desleal y la proliferación de servicios no regulados que ofrecen asesoramiento administrativo sin las garantías jurídicas que proporcionan los gestores administrativos. Esto puede generar inseguridad para los ciudadanos y empresas, afectando la calidad y fiabilidad de los trámites. Es fundamental que se refuerce el marco normativo que regula nuestra actividad y que se promueva una mayor concienciación sobre el valor de contar con un profesional debidamente acreditado. Por último, la creciente automatización de los procesos administrativos plantea la necesidad de que los gestores administrativos evolucionemos hacia un modelo de asesoramiento integral. Ya no se trata sólo de tramitar documentos, sino de ofrecer un valor añadido mediante el análisis estratégico, la optimización fiscal y la consultoría empresarial. La formación continua y la adaptación a nuevas tecnologías serán claves para afrontar estos retos y consolidar nuestra profesión en el futuro.

¿Qué medidas propone usted para simplificar la Administración, especialmente en beneficio de las pymes y los autónomos?

Es fundamental reducir la carga burocrática que encuentran las pymes y los autónomos para llevar a cabo su actividad. Esto se puede lograr a través de la automatización de trámites, la eliminación de duplicidades administrativas y la mejora en la comunicación entre administraciones. Desde el Consejo General, apostamos por una Administración más ágil, en que los Gestores Administrativos nos convirtamos en auténticas ventanillas únicas efectivas, y por procedimientos digitales intuitivos que faciliten la gestión empresarial sin poner trabas al desarrollo de los negocios. Además, creemos que es necesario reformular el sistema de notificaciones electrónicas para evitar sanciones innecesarias a empresas y autónomos. La obligatoriedad de acceder periódicamente a las notificaciones en múltiples plataformas genera un problema real de inseguridad jurídica, ya que muchos empresarios desconocen que han recibido una comunicación relevante. Un sistema de alerta centralizado y accesible contribuiría a mejorar esta situación. Por otro lado, es imprescindible una mayor flexibilidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. En muchos casos, los plazos son excesivamente rígidos y no se ajustan a la realidad de pequeñas empresas y autónomos que no cuentan con equipos especializados para gestionar estos temas. La Administración debe ser consciente de que facilitar los trámites administrativos no sólo beneficia a los empresarios, sino que también mejora la recaudación y el cumplimiento de obligaciones.

¿Cómo cree que se podría mejorar la relación de los ciudadanos con la Administración en general?

La clave está en la simplificación y en la accesibilidad. Es necesario un modelo de atención híbrido que combine la digitalización con la atención personalizada para quienes la necesiten. Además, la Administración debe apostar por una mayor transparencia en la resolución de trámites y por la reducción de plazos administrativos. El papel de los gestores administrativos es esencial para traducir la complejidad burocrática en soluciones prácticas para los ciudadanos y empresas. Un aspecto crítico es la fragmentación de competencias entre administraciones que provoca que los ciudadanos deban gestionar el mismo trámite en distintas entidades, con requisitos y plazos diferentes. La interoperabilidad entre organismos públicos es clave para evitar duplicidades y agilizar la atención al ciudadano. Actualmente, muchos trámites requieren aportar documentación que ya está en poder de otras administraciones, lo que genera retrasos innecesarios. También es necesario mejorar la formación del personal administrativo en materia de atención al ciudadano. En muchas ocasiones, la falta de información o de criterios unificados genera que una misma solicitud tenga respuestas diferentes según la oficina o el funcionario que la atienda. La profesionalización de la atención pública y la adopción de criterios estandarizados contribuirían a una Administración más eficiente y cercana.

Entrevista completa en la versión impresa.

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