Antonio Blanco 

Rud Pedersen Group fundada en 2002 en Suecia, ha crecido hasta operar en 20 mercados europeos con más de 700 consultores especializados, 500 clientes multinacionales y oficinas en ciudades clave como Bruselas, Berlín, Londres, Estocolmo, París y Madrid. Ofrece a sus clientes la claridad, el conocimiento y la capacidad para actuar con eficacia en los mercados europeos.

En un entorno regulatorio cada vez más complejo, ¿por qué resulta esencial contar con asesoramiento especializado en asuntos públicos?

La regulación ya no es un factor externo que las empresas puedan gestionar cuando una norma está publicada. Afecta directamente a la viabilidad de inversiones, a los modelos de negocio, a la cadena de suministro, al acceso a financiación y a la relación con clientes y empleados. Por eso, el asesoramiento especializado en asuntos públicos permite interpretar no sólo el texto normativo, sino también el contexto político, económico y social en el que se está gestando una decisión. Las compañías necesitan comprender quién decide, cuáles son los tiempos reales de cada proceso y qué sensibilidades existen alrededor de un asunto. Un buen asesoramiento aporta inteligencia, anticipación y capacidad de diálogo.

¿Qué riesgos empresariales implica considerar los asuntos públicos una función secundaria en lugar de una prioridad estratégica?

El principal riesgo es llegar tarde. Cuando una empresa percibe los asuntos públicos como una cuestión táctica, suele intervenir únicamente cuando el impacto regulatorio ya está definido o cuando ha surgido un conflicto. En ese momento, el margen de influencia es menor y las decisiones se toman bajo presión. Además, esta visión puede desconectar a la dirección de cambios que afectan al negocio de manera estructural y también se corre el riesgo de que los mensajes corporativos no sean coherentes con las expectativas de las administraciones, los inversores y la sociedad. Los asuntos públicos deben formar parte de la conversación del comité de dirección. Son una herramienta de gestión de riesgos, pero también de identificación de oportunidades. Quien incorpora esta perspectiva antes que sus competidores toma mejores decisiones y protege mejor su licencia social para operar.

¿Cómo puede la anticipación regulatoria convertirse en una ventaja competitiva y contribuir a mejorar las decisiones de inversión?

Anticipar no significa adivinar el futuro; significa trabajar con escenarios plausibles y preparar a la organización para responder con rapidez. Una empresa que identifica con tiempo una posible reforma puede evaluar sus consecuencias operativas, financieras y comerciales antes de comprometer recursos. Eso permite decidir mejor dónde invertir, qué tecnologías priorizar, cómo diseñar una expansión territorial o qué alianzas conviene establecer. También genera una ventaja reputacional. Las empresas que proponen soluciones aportan evidencia y se adaptan de forma constructiva son percibidas como actores responsables. La interlocución rigurosa ayuda a convertir incertidumbre en criterio estratégico.

¿Qué sectores económicos españoles afrontan actualmente mayores riesgos regulatorios y cómo deberían prepararse para gestionarlos?

Hay sectores particularmente expuestos por la intensidad de la transformación económica y social, como por ejemplo los de la energía, movilidad, tecnología, salud, alimentación, vivienda, turismo, finanzas, industria y agricultura. En todos ellos convergen objetivos legítimos de transición ecológica, seguridad, protección del consumidor, competencia, soberanía tecnológica y cohesión territorial. El reto consiste en conocer la norma aplicable y ayudar a las empresas a entender cómo evolucionan las prioridades públicas, tanto en España como en Europa. Muchas decisiones que parecen nacionales tienen hoy un origen comunitario, y requieren una lectura coordinada de Bruselas, Madrid y las comunidades autónomas. La preparación debe combinar análisis regulatorio, escucha de los grupos de interés, protocolos internos de decisión y una interlocución institucional constante. La mejor defensa ante un riesgo regulatorio es una posición coherente, verificable y orientada al interés general.

¿Hasta qué punto una estrategia eficaz de relaciones institucionales puede facilitar el crecimiento y la internacionalización de las empresas?

Es determinante, siempre que se entienda como una función de conocimiento y diálogo, no como una vía de acceso privilegiado. Crecer en nuevos mercados exige comprender marcos regulatorios, culturas institucionales, prioridades sectoriales y sensibilidades sociales distintas. Una estrategia de relaciones institucionales bien diseñada ayuda a reducir barreras de entrada y a identificar oportunidades de colaboración público-privada. La internacionalización requiere además coherencia. Una compañía debe ser capaz de explicar su propuesta de valor de forma consistente ante gobiernos, reguladores, socios locales y comunidades. En ocasiones, el desafío no es normativo, sino reputacional: demostrar que la inversión contribuye al desarrollo local, al empleo cualificado, a la innovación o a la resiliencia de una cadena de suministro. Por ejemplo, en Rud Pedersen, gracias a nuestra red de 21 oficinas en toda Europa, hemos ayudado a empresas españolas a vender en países tan desconocidos para ellas como Estonia, Polonia o los nórdicos.

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