Juan Miguel C. García

El mercado energético europeo vive en 2026 su mayor prueba de resistencia desde la invasión de Ucrania. Mientras el petróleo supera los 120 dólares por barril tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, España emerge como la excepción continental, blindada por su apuesta por las renovables y su infraestructura de gas natural licuado. Sin embargo, el escenario dista de ser estable: la dependencia de China en tecnología limpia, los retrasos en el hidrógeno verde y el debate nuclear amenazan con frenar el ritmo de la transición energética.

Europa ha reabierto el debate sobre la energía nuclear como solución a corto plazo. Francia, con sus 56 reactores, ha extendido la vida útil de varias centrales y planea construir seis más para 2035. Alemania, que cerró sus últimas plantas en 2023, ha reactivado temporalmente tres reactores ante el riesgo de desabastecimiento. Incluso Bélgica y Países Bajos han pospuesto el cierre de sus centrales. El Gobierno de España, en cambio, mantiene su postura antinuclear: las siete centrales operativas cerrarán progresivamente hasta 2035, sin planes de construir nuevas. Mientras el resto de Europa apuesta por la nuclear como puente hacia las renovables, el Gobierno de España confía en el gas y el almacenamiento para cubrir la demanda en horas punta.

La escalada del crudo ha reavivado los fantasmas de 2022, cuando los precios del gas se dispararon hasta niveles récord. Esta vez, el impacto es desigual. Alemania y Francia, con una dependencia histórica del petróleo de Oriente Medio, se enfrentan a restricciones en el suministro de combustible y a un invierno de racionamiento energético. España, en cambio, ha logrado diversificar sus fuentes: solo el 5% de su petróleo procede de la región, y sus seis plantas de regasificación operan al 92% de capacidad, permitiendo exportar gas a sus vecinos europeos.

La factura de la luz en España refleja esta ventaja comparativa. En los últimos 12 meses, los precios han caído un 30% respecto a los máximos de 2022, gracias a que el 57% de la electricidad ya proviene de fuentes renovables. El autoconsumo solar sigue creciendo a un ritmo sin precedentes: uno de cada ocho hogares cuenta con paneles instalados, y las comunidades energéticas suman 500 megavatios de capacidad. Sin embargo, la volatilidad persiste. En invierno, los picos de demanda podrían elevar los precios un 20-30% en horas punta, mientras que en verano la abundancia de sol abaratará la electricidad.

El gran fracaso del año es, sin duda, el hidrógeno verde. España aspiraba a liderar su producción en Europa, pero los retrasos en permisos y financiación han dejado en solo 500 megavatios la capacidad instalada, muy lejos de los 4 gigavatios prometidos para 2026. Los proyectos más ambiciosos, como el de Puertollano, acumulan demoras, y el coste del hidrógeno verde sigue siendo un 50% superior al del gris. Los expertos coinciden en que no será hasta 2028 cuando esta tecnología despegue, siempre que la Unión Europea imponga aranceles al hidrógeno contaminante y se construyan más infraestructuras de transporte.

El mayor riesgo para España no proviene del petróleo ni del gas, sino de su dependencia tecnológica. El 80% de los paneles solares y el 90% de los electrolizadores para hidrógeno verde proceden de China. Si Pekín decidiera restringir exportaciones, como ya hizo con las tierras raras en 2010, la transición energética podría sufrir un parón de dos o tres años. Para evitarlo, el gobierno ha lanzado un plan de 5.000 millones de euros para impulsar la fabricación local, con fábricas en Andalucía y Aragón que entrarán en funcionamiento a partir de 2027.

El invierno de 2026 será decisivo. Europa activará planes de emergencia para reducir el consumo de gas en un 15%, con cortes selectivos en industrias y límites a la calefacción en edificios públicos. España, aunque menos expuesta, no será inmune. Si Argelia recorta el suministro o la demanda europea se desploma por una recesión, las exportaciones de gas podrían caer un 10-15%, afectando a la balanza comercial. La economía española crecerá, pero a un ritmo más lento: el petróleo caro ya ha elevado la inflación y podría restar hasta medio punto porcentual al PIB.

La lección es clara: la transición energética no es un camino lineal, sino una carrera de obstáculos. España ha dado pasos firmes, pero el futuro dependerá de su capacidad para reducir dependencias, acelerar proyectos clave y navegar un contexto geopolítico cada vez más volátil. Mientras Europa apuesta por la nuclear como solución temporal, España confía en las renovables y el gas, una estrategia que podría salir cara si los precios del petróleo siguen altos o si la tecnología limpia no avanza al ritmo esperado.