Juan Miguel C. García

La industria europea advierte que los cambios en el sistema de comercio de emisiones propuestos por Bruselas podrían llevar a mayores costos de producción, desaceleración de inversiones y reubicación industrial.

La reforma del mercado de carbono europeo ha abierto un nuevo frente entre las instituciones de la UE y algunas de las mayores empresas industriales del continente. Más de 100 empresas han advertido que los cambios en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS) podrían socavar la competitividad industrial, dificultar las inversiones necesarias para la transición energética, acelerar el cierre de instalaciones de producción, etc.

La advertencia se encuentra en una carta conjunta vista por Reuters (su existencia solo se conoció el 5 de noviembre). Covestro, Evonik, Wacker Chemie, Voestalpine y la división de acero de Thyssenkrupp están entre ellas, todas empresas que pertenecen a sectores especialmente expuestos a los costos energéticos y ambientales.

La iniciativa refleja la creciente preocupación de la industria europea en un contexto de altos precios de la energía, competencia internacional y presión regulatoria vinculada a la descarbonización.

El costo del carbono, en el centro del debate

El Sistema de Comercio de Emisiones es uno de los principales instrumentos de la política climática europea. Su funcionamiento se basa en un límite a las emisiones de ciertos sectores económicos y la compra y venta de derechos por parte de las empresas para cubrir el dióxido de carbono que emiten.

Este mecanismo incentiva la reducción de emisiones y fomenta la inversión en tecnologías menos contaminantes, pero también añade costos para las industrias que aún dependen de procesos de producción intensivos en energía.

La Comisión Europea presentó una propuesta el 17 de julio de 2026 para revisar el sistema de modo que pueda contribuir más fuertemente a la descarbonización mientras mejora las condiciones de competitividad de la industria de la UE.

Uno de los elementos más controvertidos es que se cambian las condiciones para el acceso a algunos derechos de emisión gratuitos. Los firmantes dicen que las asignaciones están vinculadas a la inversión en descarbonización en Europa y quieren criterios de referencia más equilibrados.

Si bien las empresas están de acuerdo en que necesitamos avanzar hacia una economía de menores emisiones, también creen que la transición debe ir acompañada de energía a precios competitivos, infraestructura y demanda de productos industriales de bajo carbono.

El riesgo de reubicación industrial

La principal preocupación empresarial es que el aumento de los costos ambientales termine favoreciendo a los competidores radicados en países con menores requisitos regulatorios.

Eso aumentaría el llamado riesgo de "fuga de carbono", cuando ciertas actividades industriales se trasladan fuera de la UE pero no necesariamente reducen las emisiones globales de producción.

El problema es agudo en sectores como el acero, la industria química, el cemento o la fabricación de materiales industriales, donde las inversiones para reducir emisiones suelen requerir grandes cantidades de capital y largos períodos de amortización.

La Unión Europea cuenta con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que intenta equiparar el costo del carbono de algunas importaciones con el soportado por los productores europeos. La industria aún duda de si el conjunto de medidas puede proporcionar condiciones competitivas equilibradas.

¿Cómo podría afectar a las empresas españolas?

España tampoco está exenta de este debate. Su estructura industrial contiene actividades sensibles a los costos de energía y emisiones (acero, refinación, industria química, producción de cerámica y cemento).

Para las empresas españolas, un cambio en las condiciones de asignación de derechos gratuitos significaría mayores necesidades de inversión, revisión de costos de producción y nuevos requisitos para la planificación energética.

El impacto real será diferente para cada instalación dependiendo de sus características (intensidad de emisiones, disponibilidad de tecnologías de descarbonización), contenido de las regulaciones europeas (final).

Además, el impacto podría repercutir a través de las cadenas de suministro. Un aumento en el precio de los materiales básicos (acero o cemento) podría afectar indirectamente a sectores como la construcción, infraestructura y algunos segmentos manufactureros también.

Por otro lado, la transición también puede ser una oportunidad para las empresas que desarrollan soluciones de electrificación, eficiencia energética, hidrógeno renovable y tecnologías industriales de bajas emisiones.

Bruselas busca un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad

Las instituciones europeas también han reconocido que las políticas climáticas no pueden debilitar la capacidad del continente para producir.

En septiembre, el Consejo de la Unión Europea adoptó una posición favorable para aumentar algunas asignaciones de derechos de emisión gratuitos entre 2026 y 2030. Según la Comisión Europea, esta medida podría ahorrar alrededor de 6 mil millones de euros para los sectores beneficiarios.

La revisión más amplia del mercado de carbono aún está institucionalizada y el parlamento debería pronunciarse sobre la reforma en diciembre.

Por lo tanto, el debate no es solo ambiental. La cuestión es cómo financiar una transformación industrial a gran escala sin socavar la posición competitiva de las empresas europeas frente a terceros países.

Para la industria española, el resultado de estas negociaciones será particularmente importante. La transición a una economía descarbonizada necesitará inversiones sostenidas en los próximos años, pero su viabilidad económica también dependerá de que las empresas puedan mantener la actividad productiva y el empleo y competir en los mercados internacionales.