Juan Miguel C. García
Un total de 4.950 empresas españolas participan voluntariamente en iniciativas de RSC o están obligadas a publicar información no financiera (según muestra el último estudio de Informa titulado "Empresas comprometidas con la Responsabilidad Social"). Esto demuestra que la sostenibilidad corporativa se está incorporando en la gestión empresarial, pero también que existen grandes diferencias entre el tamaño, la actividad económica y la estructura de gobernanza de las organizaciones.
El informe enumera 2.809 empresas que están legalmente obligadas a divulgar información no financiera y otras 2.591 que tienen programas de responsabilidad social voluntarios. Ninguna categoría es exclusiva: hay 450 empresas que cumplen ambas condiciones (aunque solo una en cada una). Las iniciativas voluntarias han crecido alrededor de un 7% respecto al año anterior.
El Pacto Mundial de la ONU sigue siendo la principal iniciativa de sostenibilidad corporativa en España (1.848 adhesiones; lo que representa un 65% de todas las analizadas); seguido por el modelo de Empresa Familiarmente Responsable (EFR) (491 adhesiones); B Corp (290); Forética (215).
Por sector, los servicios empresariales representan el 30% de las empresas adheridas voluntariamente, seguidos por la industria (16%), el comercio (10.5%) y la intermediación financiera (9%). Entre las empresas sujetas a obligaciones de información no financiera, el sector más importante es el financiero (25.5%).
El tamaño de la empresa es otro diferenciador. Las grandes empresas son el 45% de las organizaciones que firmaron iniciativas voluntarias y el 96% de las obligadas a publicar información no financiera; las microempresas constituyen solo el 20% del primer grupo, pero menos del 1% del segundo.
La distribución territorial también está muy concentrada. Madrid tiene el 37% de las adhesiones voluntarias y Cataluña alrededor del 19%; entre las empresas que deben divulgar información no financiera, ambas comunidades concentran el 36% y el 20,5%, respectivamente.
El estudio también incluye indicadores de gobernanza y diversidad. Solo alrededor del 19% de las empresas en ambos grupos tienen representación femenina en sus juntas que supera el 40%; los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres solo en el 26% de las organizaciones adheridas voluntariamente y el 23% de las obligadas por ley, en comparación con el 21,5% del sector empresarial en su conjunto.
El comportamiento de pago también es diferente. Las empresas vinculadas a iniciativas voluntarias tienen un retraso promedio de 13,32 días en comparación con los términos acordados (promedio para el sector empresarial español 14,17 días); en las empresas obligadas a publicar información no financiera, el retraso es de 13,47 días.
Estos resultados muestran que las grandes empresas y ciertos sectores económicos tienen más prácticas de responsabilidad corporativa; pero la adhesión a iniciativas voluntarias u obligaciones de información no constituye acreditación de resultados sostenibles. El desafío para las organizaciones sigue siendo traducir sus compromisos ambientales, sociales y de gobernanza en indicadores verificables en la práctica y mejoras efectivas en la gestión empresarial.




