Juan Miguel C. García

Tras recibir más de 600 reclamaciones, el Ejecutivo cambia su proyecto regulatorio. La nueva propuesta amplía los plazos de adaptación, relaja los requisitos energéticos y mantiene los objetivos de sostenibilidad para infraestructuras estratégicas en el desarrollo de la IA.

El Gobierno español ha realizado cambios importantes en el proyecto de real decreto que regulará la instalación y operación de centros de datos en España. La revisión regulatoria enviada el 26 de octubre al Consejo de Estado responde a muchas observaciones realizadas por empresas y organizaciones sectoriales sobre el impacto que los requisitos iniciales podrían tener en la inversión tecnológica.

La decisión cambia de dirección en algunas partes de la regulación, pero el Ejecutivo pretende establecer condiciones específicas de sostenibilidad energética, eficiencia hídrica y soberanía digital.

Es un tema muy económico. España quiere ser uno de los principales destinos para inversiones en infraestructuras digitales en Europa porque la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la demanda de capacidad de procesamiento de datos están creciendo (entre otras cosas).

Sin embargo, el desarrollo de estas instalaciones es un desafío para el sistema eléctrico (alto consumo energético y suministro a otros sectores productivos) en particular.

Más flexibilidad para asegurar el suministro con energías renovables

Una de las principales novedades está relacionada con las condiciones de suministro eléctrico que deben cumplir los nuevos centros de datos.

El proyecto aún tiene el objetivo de certificar que al menos el 80% de la demanda eléctrica esté cubierta por generación renovable (coincidencia horaria entre producción y demanda), pero añade mecanismos para permitir una adaptación progresiva.

Entre los cambios está que la edad máxima admitida de ciertas instalaciones renovables relacionadas con los centros de datos se incrementa de 18 a 36 meses. La duración requerida para algunos contratos de suministro de electricidad renovable se reduce de diez años a seis años también.

La propuesta también tiene mayor flexibilidad para usar energía de instalaciones fotovoltaicas existentes y sistemas de almacenamiento de baterías (ver texto revisado).

Estos cambios están destinados a facilitar la financiación y ejecución de proyectos, pero sin renunciar al objetivo de que el crecimiento de la demanda tecnológica esté vinculado a una mayor capacidad de generación renovable.

Cinco años de adaptación para grandes instalaciones

Otro cambio es que los períodos transitorios pueden extenderse hasta 2031 para algunos proyectos.

Los centros de datos cubiertos por este régimen podrán cumplir con los requisitos de correlación horaria renovable de manera progresiva, pero solo si aceptan participar en mecanismos automáticos de reducción de potencia cuando el sistema eléctrico lo necesite.

Esto significa que ciertas instalaciones podrían reducir su consumo temporalmente (sin compensación) en casos de estrés en la red y de acuerdo con las condiciones establecidas.

Desde una perspectiva empresarial, el mecanismo ofrece una alternativa entre dos prioridades: ya sea un suministro prácticamente continuo (contratación renovable suficiente) o cierta flexibilidad operativa durante la transición.

Esta segunda posibilidad requerirá que los operadores piensen en sus compromisos de disponibilidad, inversiones en almacenamiento y la naturaleza de los servicios digitales que proporcionan.

La eficiencia energética y el consumo de agua siguen siendo prioridades

También se proporciona flexibilidad a los parámetros de eficiencia energética.

El nuevo enfoque aumenta el valor transitorio del indicador PUE (Efectividad del Uso de Energía) utilizado para medir la relación entre la energía total consumida por un centro de datos y la asignada a su equipo de TI de 1.15 a 1.25.

Cuanto más cercano esté este indicador a 1, más eficiente es la instalación.

También hay una propuesta para adaptaciones a las condiciones climáticas (algo particularmente relevante en España debido a las diferencias de temperatura entre territorios).

En contraste, el Gobierno establece demandas muy altas con respecto al uso eficiente del agua (uno de los recursos que más preocupa en algunos lugares).

La idea es evitar que el crecimiento de estas infraestructuras ejerza una presión desproporcionadamente alta sobre los recursos hídricos locales.

El sector tecnológico había advertido del riesgo para las inversiones

La revisión regulatoria sigue las advertencias de los representantes de la industria.

En septiembre, la asociación SpainDC dijo que la regulación inicialmente propuesta podría amenazar inversiones por valor de 9 mil millones de euros correspondientes a proyectos de tres empresas internacionales.

La organización pensaba que los requisitos energéticos, las obligaciones de adicionalidad renovable y las restricciones operativas (en conjunto) podrían reducir la competitividad de España frente a otros destinos en Europa.

Esta es una estimación de inversiones en riesgo comunicada por la asociación de empleadores, no una pérdida económica real.

El debate va, por tanto, más allá del campo tecnológico y alcanza la política industrial, el empleo especializado, la atracción de capital extranjero y el desarrollo de nuevas actividades económicas.

Una demanda eléctrica que obliga a revisar la planificación energética

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica permiten medir el desafío.

Según la documentación oficial del proyecto regulatorio, se han otorgado más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transmisión desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023. A estos se suman otros aproximadamente 6 GW de capacidad otorgada en redes de distribución desde 2020.

Estas magnitudes se refieren a la capacidad de acceso otorgada y no al consumo eléctrico efectivo, por lo que no deben tomarse como potencia instalada y operativa.

El número de solicitudes y permisos muestra, sin embargo, que se necesita coordinación entre el despliegue de infraestructuras digitales y las inversiones en generación y redes eléctricas.

Una planificación insuficiente podría llevar a tensiones con las necesidades energéticas de la industria, el transporte electrificado y otros consumidores.

La soberanía digital mantiene su importancia estratégica

Además de los requisitos ambientales, el proyecto también se refiere a la protección y ubicación de algunos datos estratégicos.

La nueva propuesta realiza ajustes a las condiciones bajo las cuales operan los centros que albergan información especialmente sensible del sector público.

El enfoque mantiene garantías de dónde se pueden encontrar esos datos en la UE, pero permite algunas operaciones de soporte técnico remoto desde terceros países si es necesario y se cumplen las condiciones regulatorias.

Esto se está volviendo cada vez más importante a medida que Europa depende de proveedores internacionales de servicios en la nube y necesita fortalecer la autonomía tecnológica.

El desafío de España: atraer inversiones sin comprometer la transición energética

La revisión del proyecto muestra lo difícil que es regular una actividad que ofrece oportunidades económicas pero también demandas energéticas cada vez mayores.

Para los promotores, la extensión de plazos y la relajación de algunos requisitos pueden mejorar la viabilidad financiera y operativa de sus inversiones.

Para las administraciones públicas, el desafío es asegurar que la expansión de los centros de datos apoye la transformación digital sin añadir costos excesivos al sistema eléctrico o intensificar problemas de disponibilidad de recursos.

El texto aún necesita ser procesado y aprobado por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, las nuevas condiciones anunciadas no deben confundirse con obligaciones que ya están completamente en vigor.

La pregunta que queda es cómo España puede convertirse en un centro europeo para infraestructuras digitales sin que el crecimiento de la inteligencia artificial comprometa sus objetivos energéticos, ambientales e industriales.