Paloma Serrano
En 2001, Political Intelligence se convirtió en una de las primeras empresas dedicadas a los Asuntos Públicos o Public Affairs en España. Y Javier Valiente, socio director de la compañía nos explica: “Hasta ese momento, no se contaba con un histórico de creación de espacios de diálogo y colaboración entre el sector público y el privado. Identificamos una oportunidad en un momento en que tanto la Administración como la economía en su conjunto se modernizaban y se abrían definitivamente al mundo: importamos las mejores prácticas en el mejor momento. Nos ayudó en este sentido nuestra experiencia y presencia como compañía en Londres y Bruselas, que hizo posible aplicar a España nuestro conocimiento y entendimiento de las necesidades de las empresas en este ámbito”.
¿Les fue fácil abrir camino? ¿Se encontraron reticencias por parte de las administraciones o los legisladores?
Fuimos sentando las bases de lo que es hoy el sector en España. Con profesionalidad y transparencia, nos limitamos a aplicar las prácticas vigentes en otros mercados, que ya conocíamos, y las adaptamos al ecosistema institucional español. Y la recepción fue muy positiva, pues cubríamos una necesidad intrínseca a la Administración: contar con un vínculo con el que canalizar la necesaria comunicación que debe haber entre el ámbito público y el privado. Al fin y al cabo, el legislador necesita comprender las particularidades que aplican a los sectores que desea regular y las empresas dar a conocer el impacto que la legislación y las políticas públicas pueden tener sobre su actividad.
Háblenos de las principales áreas de actividad de Political Intelligence y de cómo cada una de ellas ayuda a las empresas en materia de Public Affairs.
Las áreas que componen nuestra actividad son, en realidad, partes de un todo. Salvo en proyectos puntuales, Political Intelligence brinda a sus clientes un servicio integral y a medida que no se puede entender como paquetes independientes. Este servicio incluye Inteligencia (información útil y actualizada), planes de Advocacy (participación en la elaboración de políticas públicas) y Asesoría Estratégica para que el cliente adopte las mejores decisiones, alineando los objetivos de negocio con el marco político y regulatorio. Todo, con el apoyo de nuestro departamento de Policy Comms, que da apoyo con acciones que aportan visibilidad, trasladando una causa o posición a la esfera pública y mediática.
Además, para esos objetivos puntuales que mencionaba, tenemos una dilatada experiencia en campañas de movilización y diferentes movimientos asociativos y recientemente hemos creado un área de Gestión del Talento para que las compañías capten a los profesionales mejor capacitados y puedan formarles en base a sus necesidades concretas.
Cuentan con oficinas en Bruselas, Madrid y Lisboa y tienen partners en Reino Unido, Francia, Alemania, Escocia, Irlanda, Italia, México y Colombia. ¿Qué aporta a sus clientes un despliegue internacional como el de Political Intelligence?
Cada país tiene un sistema institucional y unos procesos legislativos diferentes; por no hablar del ámbito político, que ha de conocerse muy bien para ofrecer inteligencia útil y de calidad. Desde Madrid, por ejemplo, ofrecemos un profundo conocimiento para ayudar a los clientes a navegar en el ecosistema español. Sin embargo, también disponemos de las herramientas y los aliados para coordinar servicios simultáneos en varios mercados, proyectos transnacionales que requieren una coordinación constante y una comunicación fluida para tener éxito. La red de oficinas de PI, en particular nuestra oficina de Bruselas con más de 25 años en el mercado y un equipo muy consolidado, sumada a las alianzas forjadas con otras firmas europeas y latinoamericanas, nos permite brindar un servicio integral que garantice los mismos estándares de rigor y calidad en todos los mercados de interés.
¿Qué sectores demandan más los servicios de Asuntos Públicos en la actualidad y cuáles cree que lo harán en los próximos años?
En líneas generales, las empresas que necesitan más de los servicios de Asuntos Públicos son las mismas que seguirán necesitándolos durante los próximos años. Destacan, por un lado, los sectores sometidos a una mayor regulación, entre los que podemos destacar aquellos con un papel relevante en la lucha contra el cambio climático, como las empresas de energía o automoción, que deben liderar la transición ecológica hacia energías renovables y movilidad sostenible, respectivamente. También aquellos sectores sometidos a una mayor vigilancia, bien por su peso en la economía (por ejemplo, banca y finanzas), bien por sus implicaciones sociales y legales, como son las empresas dedicadas a la salud. Y, por supuesto, las compañías que están creando nuevos productos y servicios, la mayoría de ellas de base tecnológica: desde el comercio electrónico hasta la economía colaborativa, pasando por la movilidad urbana, todos ellos sectores muy jóvenes nacidos al calor de internet y a los que ahora se está dotando de un marco normativo.
