Juan Miguel C. García

La CNMV y el ICAC sugieren que las grandes empresas españolas adapten sus informes de sostenibilidad de 2026 a los europeos. La directiva CSRD no está transpuesta, por lo que las empresas tienen que lidiar con un escenario regulatorio en el que los requisitos nacionales coexisten con nuevas disposiciones comunitarias.

La sostenibilidad corporativa está entrando en una nueva etapa regulatoria en España. La CNMV y el ICAC emitieron un comunicado conjunto el 20 de octubre para guiar a las empresas en la preparación de sus informes de sostenibilidad para el ejercicio fiscal de 2026. Es un momento extremadamente delicado: las regulaciones españolas aún no se han adaptado a la CSRD (Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa), Bruselas sigue cambiando qué información deben proporcionar las empresas, etc.

La principal recomendación se refiere a las entidades sujetas a la Ley 11/2018 con más de 1,000 empleados. Los supervisores consideran aconsejable que preparen sus EINF (estados de información no financiera) tomando como referencia las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad (NEIS o ESRS), siempre que puedan hacerlo y sin violar la legislación española vigente.

Es una recomendación, no una nueva obligación legal, pero el mensaje sigue siendo el mismo para los directores financieros, gerentes de sostenibilidad y juntas directivas: la información corporativa debe avanzar hacia criterios similares a los utilizados por las empresas europeas.

Nuevos requisitos europeos cambian el panorama empresarial

La revisión del marco europeo realiza cambios significativos en el alcance de las obligaciones de información. La Directiva (UE) 2026/470 Omnibus I reduce el alcance obligatorio de la CSRD a empresas que superen simultáneamente los 1,000 empleados promedio y los 450 millones de euros en facturación neta anual.

Estos umbrales se aplicarán a los ejercicios fiscales que comiencen el 1 de enero de 2027 (calendario europeo). Solo entrarán en vigor una vez que la transposición en la legislación española esté completa.

La reforma sirve al propósito comunitario de reducir las cargas administrativas (particularmente en las empresas más pequeñas) sin abandonar los objetivos de transparencia y comparabilidad de la información ambiental, social y de gobernanza.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre el régimen futuro y las obligaciones actuales: mientras la Ley 11/2018 esté en vigor, las empresas incluidas en su ámbito deben seguir preparando sus estados de información no financiera. España tampoco ha incorporado la exención transitoria para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 prevista por la directiva europea.

Por lo tanto, superar o no superar los nuevos umbrales comunitarios no determina por sí solo si se debe presentar un informe para el ejercicio fiscal de 2026.

Informes de sostenibilidad: qué deben considerar las empresas

El comunicado introduce diferentes pautas dependiendo del tamaño de las organizaciones.

Para las entidades requeridas por la legislación española con más de 1000 empleados, la CNMV y el ICAC recomiendan utilizar las normas ESRS (uso de alternativas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2026/1563). La CNMV aceptará informes preparados de acuerdo con estas normas siempre que también cumplan con los requisitos de la Ley 11/2018.

Las organizaciones requeridas por esta ley pero con menos de 1000 empleados pueden aplicar las ESRS o la norma voluntaria en el Reglamento Delegado (UE) 2026/1560.

La actualización regulatoria europea también trae una simplificación significativa de las normas. El ICAC afirma que, en comparación con el primer conjunto de ESRS, las normas revisadas reducen los datos obligatorios en más del 60% y los datos totales en más del 70%.

Para el ejercicio fiscal de 2026 se pueden considerar diferentes alternativas de aplicación de las normas (normas originales, revisadas o originales con algunas exenciones). Cuando sea aplicable, la opción elegida debe indicarse explícitamente en el informe.

Esta flexibilidad no significa que no existan procedimientos sólidos para recopilar, verificar y documentar la información.

La doble materialidad y la calidad de los datos ganan protagonismo

Uno de los aspectos principales del modelo europeo es que el análisis de doble materialidad vincula los impactos de la actividad empresarial en las personas y el medio ambiente con los riesgos y oportunidades de sostenibilidad (cómo podrían impactar en la situación financiera de la empresa).

Su uso correcto significa identificar cuestiones relevantes, justificar las elecciones metodológicas y las responsabilidades por los datos utilizados.

El desafío para los gerentes de sostenibilidad es reunir información de departamentos que tradicionalmente han trabajado por separado (finanzas, RRHH, operaciones, compras, cumplimiento normativo y gestión ambiental).

La calidad de los indicadores, la trazabilidad de las fuentes y la consistencia entre los ejercicios fiscales son así elementos necesarios para proporcionar información útil a inversores, entidades financieras y otras partes interesadas.

También tendremos que observar los procedimientos de verificación independiente. La CNMV y el ICAC mantienen sus recomendaciones anteriores y dicen que deben tenerse en cuenta las referencias técnicas nacionales e internacionales (incluida la norma ISS 5000) pero no confundirse con las disposiciones españolas en espera de aprobación.

Un desafío que trasciende el cumplimiento normativo

Adaptarse a las normas europeas implica decisiones que van más allá de preparar un informe anual.

Las empresas necesitan preguntarse qué recursos destinan a los sistemas de información, cómo se distribuyen las responsabilidades y en qué medida los indicadores de sostenibilidad les permiten identificar riesgos operativos, normativos o financieros.

Desde un punto de vista empresarial, la existencia de información comparable puede ayudar en el diálogo con inversores y financiadores, pero debe evitarse la interpretación automática: presentar mejores informes de sostenibilidad no implica mayor rentabilidad.

El valor económico se basará en la capacidad de utilizar esa información para tomar mejores decisiones, anticipar contingencias y gestionar adecuadamente los recursos.

La incertidumbre legislativa no debería paralizar el trabajo preparatorio. Las empresas necesitan saber qué obligaciones les son actualmente aplicables, cuáles podrían afectarlas a partir de 2027 y qué adaptaciones son proporcionales a su actividad.

Así, el nuevo comunicado de los supervisores españoles hace de la gestión empresarial de la sostenibilidad corporativa (informar rigurosamente, cumplir con la normativa y prepararse para un marco que aún está evolucionando en Europa).

La transparencia ya no es solo un requisito documental; se convierte en una herramienta potencial de gobernanza corporativa. Su utilidad dependerá de que las empresas sepan cómo convertir los datos en conocimiento y el conocimiento en decisiones.